As I commented a
week ago the Agencia Venezolana de
Noticias has been running a series of articles on past conspiracy theories.
The aim seems to be an attempt to construct historical evidence for the
allegation that the opposition is constantly conspiring against the government.
The interesting thing
about these two articles published so far is that no real evidence was shown at
the time for the allegations of conspiracy. However those theories are now
presented as proven events for which no further evidence needs to be provided.
Furthermore they now serve as evidence that the opposition (or the ultra-right as it is termed in the official
rhetoric), is still and permanently conspiring against the government.
The article I copy
this week is published under the revealing title “The
Daktari Operation revealed the magnicidio
[assassination of the head of state] as the permanent plan of the ultra-right.”
Several claims unsupported
by evidence are made in this piece about a supposed failed coup attempt in 2004
called Operación Daktari. Opposition
leader Capriles Radonski and Colombian ex-president Álvaro Uribe are of course
both linked to the plot, or are at least accused of having knowledge of the
plan or of “protecting” the conspirators, with our providing any evidence. Up
to date the government has failed to even reveal proofs that the 153 Colombian
nationals arrested at the Daktari
ranch, near Caracas, were actually members of Colombian paramilitary groups as
it claimed at the time.
According to
ex-minister of Justice and Interior Miguel Rodríguez Torres the aim of the
plotters was to bomb the set Alo
Presidente, the television show of president Chávez. The plot would thus necessarily
include air force officers in the conspiracy, which provides a direct link to
the recent Blue Coup or Jericho Operation conspiracy allegations
made by
president Maduro in February.
Here is the complete
piece as published by AVN:
La Operación Daktari reveló al magnicidio como plan permanente
de la ultraderecha
Caracas,
08 May. AVN.- Este sábado se cumplen 11 años de aquella madrugada en la que un
fatídico plan fue descubierto: la Operación Daktari, en la que actuarían un
grupo de 153 paramilitares, algunos pertenecientes a la reserva militar
colombiana y a grupos de Autodefensa, que tenían un objetivo claro: asesinar al
Presidente Hugo Chávez.
El
plan, que debían cumplir al cualquier costo, se venía orquestando desde 2003.
Fue delatado en noviembre de ese año por uno de los hombres que participó en
las reuniones de logística, quien tras ser detenido e interrogado advirtió que
el fin único era el magnicidio, no valía conformarse con un derrocamiento. Ante
ello Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención
(Disip, ahora Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) activó la
minuciosa investigación.
Las
reuniones para la operación se intensificaron en marzo y abril de
2004, recordó Miguel Rodríguez Torres, quien entonces era director de la
Disip, en una entrevista concedida al escritor venezolano Luis Britto García y
al filósofo y analista político, Miguel Ángel Pérez Pirela, y publicada en el
libro Invasión Paramilitar, Operación Daktari.
El
encuentro cumbre, recordó Rodríguez Torres, se realizó en la urbanización de
clase alta Country Club, en Caracas, el viernes 23 de abril, al que asistieron
ex oficiales de la Fuerza Aérea y oficiales de la Guardia Nacional. La
decisión estaba tomada: un bombardeo, cuyo blanco sería el lugar donde se
realizaría el domingo próximo, 25 de abril, en Maracaibo, estado Zulia, en la
locación donde se transmitiría el programa Aló, Presidente.
Las
acciones posteriores al bombardeo del lugar donde estaría el Presidente Chávez
contemplaba la toma por parte de los paramilitares de las instalaciones del
Palacio de Miraflores, en Caracas, y la ejecución de acciones violentas contra
unidades militares en la capital venezolana, de acuerdo con la información dada
a conocer por un informante.
"Nos
cuenta el mismo funcionario (que estuvo infiltrado en la reunión) que un oficial
de los presentes preguntó al oficial de la Aviación que estaba allí —e insistió
mucho en eso— que por qué bombardear el Aló, Presidente si iba
a morir un poco de gente que era inocente. El piloto le respondió que 'en la
guerra y en la aviación esos son llamados daños colaterales, que mueran los que
tengan que morir, pero el objetivo era matar a Chávez'", rememoró
Rodríguez Torres. El Presidente Chávez fue alertado y la
transmisión de ese domingo fue suspendida.
La
razón del uso de paramilitares colombianos para tales fines tenía una razón de
ser "no eran venezolanos, y segundo, esos no iban a mirar para atrás para
disparar, no iban a tener ningún remordimiento de conciencia y a ellos lo que
les interesaba era cobrar, así que era más eficiente usarlos que usar tropas
venezolanas que iban a tener problemas de conciencia, que no iban a querer
atacar a sus compañeros", recordó al referirse al testimonio de una
de las personas presentes en la reunión.
Complicidad
policial
En
vista de haber sido desarticulada la operación inicial, los encuentros y
reuniones se hicieron mas intensos durante la semana siguiente, entre los
municipios El Hatillo y Baruta del estado Miranda, y contaron con la protección
de la Policía de Baruta (cuyo alcalde era Henrique Capriles Radonski), así como
de la Policía Metropolitana (dirigida por el entonces alcalde mayor y ahora
prófugo de la justicia venezolana, Alfredo Peña) y de la Policía de El Hatillo.
"Cuando
ellos percibían la vigilancia y el seguimiento, se comunicaban con algunas de
las policías por los medios que tenían, y esos policías interceptaban a los
funcionarios que estaban en la operación de inteligencia, mientras los
vigilados se evadían. Esas dificultades no nos permitían llegar al lugar",
mencionó el entonces director de la Disip
Para
evadir estar prácticas, los cuerpos de inteligencia del Estado colocaron
una carpa de Protección Civil a dos kilómetros de la finca Daktari, que
luego se conoció que era propiedad del reaccionario anticastrista radicado
en Miami, Robert Alonso, hermano de la actriz María Conchita Alonso, activista
de la derecha mayamera. Posteriormente, con
equipos de intercepción telefónica se logró ubicar el sitio.
Operación
frustrada
Los
paramilitares tenían previsto concretar el atentado el 12 de mayo: un grupo
élite asesinaría a Chávez durante una cena con representantes de la banca en La
Casona (residencia presidencial), otros irregulares asaltarían el Palacio de
Miraflores y un conjunto irrumpiría en los depósitos de armas ubicados en el
Comando Regional Nº 5 de la Guardia Nacional y la base aérea de La Carlota. Un
oficial de la aviación secuestraría una aeronave para bombardear la sede de
gobierno.
La
operación fue frustrada la madrugada del 9 de mayo ese. La actuación de
las autoridades venezolanas permitió la detención de los terroristas, entre los
cuales se encontraban al menos tres líderes implicados en numerosos asesinatos
en zonas campesinas de Colombia, expertos en "corte de corbata", una
incisión que se hace en la garganta para desangrar a la víctima. Su prontuario
de atrocidades también incluía mutilaciones y castraciones.
Conspiración
de derecha
Los
nombres de políticos de la derecha venezolana implicados en la operación
paramilitar eran conocidos. Entre los “cabecillas” estaba el empresario Pedro
Carmona Estanga, golpista que usurpó el poder en Miraflores durante el breve
golpe de Estado contra Chávez, perpetrado en abril de 2002.
Un
correo electrónico enviado por una de las autoras intelectuales del plan de
magnicidio, María Luisa Chiossone, involucraba directamente a Carmona en el
atentado.
Una
intercepción a la cuenta de correo de Chiossone por parte de la inteligencia
venezolana develó que la ex directora ejecutiva del Bloque de Prensa se enviaba
mensajes con el empresario golpista. Ella se identificaba como “Yuyita” y a
Carmona lo apodaba “el Don”.
Entre
los acusados de financiar a esos grupos estaba el ex secretario general de
Acción Democrática (AD), Rafael Marín, quien también había participado en el
golpe de Estado contra Chávez y en ese entonces presidía la asociación civil
“Ciudadano Común”. Otro de los nombres estampados con la mácula conspiradora
fue el del empresario Gustavo Zingg Machado, señalado por brindarles recursos a
los paramilitares y haber participado en las reuniones en las que se
planificaba el atentado.
El
apoyo a la dictadura de Carmona fue uno de los denominadores comunes entre los
implicados en el caso Daktari. Ovidio Poggioli, participante del Carmonazo, la
entonces diputada de Primero Justicia (PJ) Liliana Hernández y el militar
golpista Jael Contreras Rangel, fueron algunas de las personas vinculadas al
magnicidio identificadas por las autoridades venezolanas como resultado de las
investigaciones y confesiones posteriores de los paramilitares.
Uribe
al tanto
Además
de políticos venezolanos, el gobierno del ex presidente de Colombia, Álvaro
Uribe, también estaba al tanto de esa operación irregular. Las declaraciones
del ex director de informática del Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS), Rafael García, así lo confirmaron.
García,
procesado por sus nexos con el paramilitarismo, aseguró que miembros del
gobierno de Uribe se mantenían en contacto con políticos venezolanos para
planificar el magnicidio, que se realizaría con la colaboración de grupos
irregulares infiltrados al país por el ex director del DAS, Jorge Noguera,
quien posteriormente fue condenado a 25 años de prisión por vínculos con las
Autodefensas de Colombia.
Según
García, el agente que utilizó Noguera para infiltrar a los paramilitares en
Venezuela fue el ex director del DAS en Cúcuta, Jorge Díaz, quien estableció
contacto con Alonso, dueño de la finca Daktari, organizador del “Plan Guarimba”
e integrante de la coalición de derecha denominada “Coordinadora Democrática”.
Aunque
en principio el gobierno de Uribe afirmó que ninguno de los detenidos tenían
antecedentes penales, la versión fue rebatida por el entonces presidente del
Congreso, Gustavo Petro, quien alertó que uno de los paramilitares, llamado
José Feliciano Yépez, estaba identificado en Colombia con grupos terroristas y
señalado por participar en la masacre de Colosó, en el departamento
neogranadino de Sucre.
Después
de esa revelación fue que Nariño informó que 28 de los capturados en la finca
Daktari habían prestado servicio militar en Colombia. El silencio de Bogotá
sobre el caso en esa oportunidad enturbió las relaciones con Caracas.
AVN 08/05/2015 22:07
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