La noche del sábado fue allanado
un apartamento en Macaracuay por funcionarios del SEBIN. Del lugar fue
llevado detenido por los funcionarios ll señor
Rodolfo González, de 64 años, padre de mi amiga y colega Lissette
González, profesora y exdirectora de la Escuela de Ciencias Sociales de la
UCAB.
En la madrugada, la señora Josefa de González, de 67
años, se acercó al Helicoide a informarse sobre la situación de su marido y fue
también detenida.
La residencia de Ivette González, hermana de Lissette,
también fue allanada esta madrugada del lunes.
Al señor González se le imputan cargos graves: “instigación
al odio” y “financiación del terrorismo”.
Será presentado ante el juez junto a su esposa hoy lunes.
La defensa de la familia Gonzáles ha sido asumida por la
Fundación por los Derechos y Equidad Ciudadana (Fundeci).
El atropello a la familia González es sólo uno, aunque
grave y cercano, de los muchos que se han cometido este fin de semana, incluyendo
el arresto de menores de edad a quienes supuestamente se pondrá en libertad bajo
“fianza” de 100 unidades tributarias.
Lo más preocupante es la ligereza con la que el gobierno
usa términos como “terrorismo”, tan cargados de violencia simbólica, para
caracterizar a los que protestan, de manera violenta o no. Así, el mismo Ministro de Relaciones
Interiores Miguel Rodríguez Torres, se refiere a los detenidos este fin de
semana, incluyendo a menores, por haber participado en “actos terroristas”.
Respecto a las difíciles circunstancias por las que
atraviesan Lissette González y su familia, replico y suscribo por completo el
comentario de nuestra amiga común Verónica Zubillaga:
Es evidente que en esta Venezuela Bolivariana Madurista resultan devastadoras las desigualdades entre los ciudadanos y los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, ante la violencia simbólica del Estado, como apunta a P. Bourdieu, en su facultad de designar, calificar y todas las consecuencias reales que ello conlleva. Al Señor González, sexagenario, proveniente de una clase media en franco declive, se le podría acusar de “financiamiento al terrorismo” es decir, de ayudar con fondos a terroristas individuales o a organizaciones terroristas!! Mientras que en días pasados, la Defensora del Pueblo, con su tono pausado, defendió por qué a los funcionarios no se les puede acusar de “tortura” sino más bien de “tratos crueles”, lo que simbólicamente es mucho menos vergonzoso para el poder. Para unos el exceso y la hipérbole, para otros la banalización de sus actos.
Mis colegas y amigos saben que estoy en contra de las guarimbas [el cierre de calles en las urbanizaciones de los sectores medios, en medio de la agitación de barricadas con incendios, deshechos, daños al patrimonio público], que yo misma he padecido de esa violencia, pero el uso desmedido de la fuerza militar en manifestaciones, sin mediar palabra, es inédito; la desproporción en la manera de calificar los actos de unos y otros insoportable. El exceso de la presencia militar ya es sofocante. Esperemos atentos que el Sr. González tenga derecho a un debido proceso. Mañana es la audiencia
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